Se dispone que a partir del 18 de abril de 2022 todos los organismos jurisdiccionales de la Administración de Justicia, así como los órganos de gobierno de la propia Corte y los Registros Públicos, deberán librar indefectiblemente los oficios en formato digital a la Dirección Nacional de Migraciones, a través del Sistema de Presentaciones y Notificaciones Electrónicas (PyNE).
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