Hoy se actualizan sueldos, retribuciones de magistrados y funcionarios, tarifas, impuestos, tasas, contribuciones, alquileres, jubilaciones, todo tipo de precios de bienes y servicios, presupuestos, préstamos, indemnizaciones de empleados de casas particulares, etc.
Todo se actualiza, menos los créditos reclamados judicialmente.
Ello constituye un atropello al derecho de propiedad de todo acreedor condenado a litigar en sede judicial.
