En relación al proyecto de ley No. 1677-D-25 cuyo objetivo es desregular todas las profesiones, tanto universitarias como no universitarias, eliminando toda obligación de pago de contribuciones que puedan realizarse a los colegios profesionales, la FACA hace saber que, nuestro sistema federal establece que todas aquellas competencias que las provincias no hayan cedido expresamente al gobierno central por medio de la Constitución, son propias de las mismas. En tal sentido, la titularidad de la regulación y control de las profesiones liberales recae en las Provincias, extremo que fue explícitamente abordado y resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (FSA 16491/2015/CS1 “Cavallo Álvarez, Sandra c. Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Prov. de Salta s. acción meramente declarativa» y Farmacity S.A. c. Fisco de la Pcia de Bs As y otro s. pretensión anulatoria” (Fallos: 344:1557).

Por ello es claro que el art. 1 del mencionado proyecto carece de toda validez constitucional. También es inválido el art. 2 en cuanto la desregulación pretendida sólo puede alcanzar los ámbitos federales, pero nunca los ámbitos pciales. Lo llamativo es que, en el art. 6, invita a adherir a las Pcias, con lo cual esta reconociendo que se trata de una ley convenio, donde el Congreso no cuenta con la competencia, per se, para aplicar esta normativa.

Frente a intentos desregulatorios, resulta oportuno recordar una vez más el rol medular que cumplen los colegios de abogados. Éstos son una expresión de la naturaleza social de los abogados y de su vinculación en razón de su profesión y pertenencia al foro, y que por expresa delegación estatal llevan adelante el control de la matrícula y poder disciplinario. La intención del proyecto citado – además de colisionar con elementales normas constitucionales-, implicaría diluir instituciones que garantizan la convivencia democrática mediante el control de la calidad del servicio profesional, la prevención del ejercicio ilegal de la misma, el control de la ética, la formación continua y el libre e independiente ejercicio profesional.

Por los motivos expuestos, la FACA rechaza en todos sus términos el contenido del proyecto.