La Corte advierte la colisión de intereses por parte de abogados apoderados de compañías aseguradoras.
En la sentencia dictada el 24 de agosto de 2020, en la causa C. 122.594, caratulada: “Albarracín, Fernando Emilio c/ Ruiz Diaz, Cristian David s/ Daños y Perjuicios”, la Suprema Corte falló una litis en la que la aseguradora citada en garantía había recurrido una sentencia adversa. Tanto en los fallos de las instancias liminares como en la de la Corte, se había condenado a una compañía aseguradora a hacerse cargo del total del monto de la sentencia por no haber podido probar cual era el límite de la cobertura.
La Corte rechazó el recurso, pero advirtió que los mismos abogados apoderados de la aseguradora habían representado al asegurado demandado, a pesar de tener una evidente colisión de intereses, toda vez que, si se estrechara el monto de la cobertura, la diferencia debería pagarla el asegurado.
Así, dijo el Superior Tribunal:
“…Pues bien, efectuada esta breve reseña de antecedentes, una primera conclusión se abre paso en el horizonte del análisis: nos encontramos ante un claramente reprochable desempeño de los letrados en defensa de los intereses de su patrocinado, máxime cuando tales intereses han venido a contraponerse en concreta medida a los respectivos de la compañía aseguradora a la que los mencionados profesionales venían representando…”.
Para señalar más adelante:
“…A lo dicho, debo especialmente agregar que el evidente conflicto de intereses suscitado entre la compañía de seguros y su asegurado -en cuanto ha pretendido la primera ceñir su responsabilidad a los contornos numéricos de una cobertura mínima, frente a la presumible vocación de total indemnidad patrimonial de la segunda (doctr. art. 109, ley 17.418)- no debió ser soslayado por los profesionales circunstancialmente a cargo de la defensa técnica de ambas partes. En todo caso, debieron los mismos declinar -y no lo hicieron- la representación o el patrocinio ejercidos en favor de una u otra de las partes cuyos intereses se vieron claramente confrontados…”.
La cuestión se vincula con una ardua y compleja cuestión de ética profesional, relativa a la representación plural en los casos de contratos de seguro. Ello así por cuanto, al incluir las pólizas de seguro, de modo habitual, una cláusula por la que la aseguradora se hace cargo de la defensa del asegurado, resulta usual que, asumiendo tal defensa, el mismo abogado de la compañía de seguros se haga cargo de representar al cliente de ésta, demandado judicialmente.
Y es aquí donde, en algunas oportunidades, la defensa de la compañía aseguradora resulta incompatible con la representación del cliente asegurado. Tomemos como ejemplo el conflicto derivado de la oponibilidad del límite de cobertura, o el planteo de la exclusión de cobertura, o la caducidad del contrato por falta de pago de la prima, o la obligatoriedad de atender el siniestro por omisión de la carga de pronunciarse, etc..
Existe un supuesto mucho más habitual, que es el desfasaje que se produce entre el monto máximo de la póliza –que permanece inalterable durante todo el proceso- versus el monto de demanda que devenga intereses a lo largo del pleito y que, cuanto más dura éste, más perjudica al asegurado y más beneficia a la aseguradora y que jamás será planteado si el abogado representa a ambas partes.
El precedente en comentario coincide con el predicamento del Consejo del Colegio que, antes de ahora, ha interpretado que el art. 60 de la L. 5177, prohíbe a los abogados patrocinar o asesorar a ambos litigantes en un juicio, simultáneamente o sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte, si ya hubiere asesorado a la otra y patrocinar y representar individual y simultáneamente a partes contrarias, los abogados asociados entre sí.
Y, en idéntico sentido, el art. 28 de las Normas de Ética señala que “…es contrario a la profesión representar intereses opuestos…”.
Las normas citadas tienen por finalidad evitar el prevaricato, o sea que el abogado, al atender intereses heterogéneos y contrapuestos, no pueda brindar a uno de sus asistidos, una defensa eficaz. La relevancia del fallo de la Suprema Corte, dictado por unanimidad, constituye técnicamente “doctrina legal”, obligatoria para los tribunales inferiores, lo que nos persuade de su trascendencia y la consecuente necesidad de comunicarlo a la matrícula.
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